El principio de equilibrio institucional comunitario implica que cada institución actúa en el marco de las atribuciones que le son conferidas por los Tratados con arreglo al reparto de competencias. El principio no figura como tal, explícitamente, en los Tratados, sino que se deriva de una sentencia del Tribunal de Justicia de las Comunidades Europeas (sentencia Meroni, en 1958). El principio del equilibrio institucional prohíbe cualquier interferencia de una institución en las competencias atribuidas a otra. Corresponde al Tribunal velar por el respeto de este principio. En este contexto, la noción de «triángulo institucional» designa la relación entre la Comisión Europea, el Consejo de la Unión Europea y el Parlamento Europeo. Sus relaciones y las competencias que les son atribuidas por los Tratados han evolucionado fuertemente con los años, sobre todo respecto del Parlamento, cuyo peso específico se ha incrementado de forma significativa. A pesar de los avances registrados con el Tratado de la Unión Europea y el Tratado de Amsterdam, sigue existiendo una asimetría entre los poderes legislativos del Consejo y del Parlamento, ya que el poder legislativo sólo es realmente compartido por ambas instituciones en los ámbitos sometidos a la codecisión.